VENEZUELA (Julio 29 de 2025). El 18 de julio de 2025, regresaron a Venezuela 252 ciudadanos venezolanos que estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de El Salvador para pandilleros. El retorno se logró mediante un canje de presos trilateral entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela: a cambio de los venezolanos deportados, Caracas liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela.
Contexto y alcance operativo
En marzo de 2025, estos ciudadanos fueron deportados desde EE.UU. al CECOT bajo acusaciones no verificadas de pertenecer a la banda Tren de Aragua, basadas mayormente en tatuajes o apariencia física. La mayoría no tenía antecedentes penales formales en Venezuela; solo siete estaban registrados por delitos graves. Durante los cuatro meses de detención, reportaron experiencias de tortura, golpizas, celdas superpobladas, comida en mal estado, y situaciones de aislamiento prolongado.
Gestión del intercambio y recepción en Venezuela
Desde una perspectiva gerencial, la coordinación diplomática implicó varios niveles: acuerdos ejecutivos entre mandatarios (Trump, Bukele, Maduro), logística aérea compleja (dos vuelos desde San Salvador a Caracas), y operaciones de recepción en el aeropuerto internacional de Maiquetía. El ministro Diosdado Cabello lideró el recibimiento oficial y afirmó que los migrantes llegaron con lesiones visibles, destacando la necesidad urgente de atención médica.
Una vez aterrizados, se implementaron procedimientos de revisión médica y protocolos para su reunificación con familias. Cabello estimó que para el domingo podrían estar en sus comunidades tras un proceso de restitución progresiva.
Retos y responsabilidades institucionales
El gobierno de Venezuela anunció una investigación formal por parte del fiscal general Tarek William Saab contra el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios salvadoreños por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluidos abusos sexuales, tortura y negación de atención médica.
Desde un enfoque gerencial, es crucial considerar el impacto reputacional y legal de estas acciones en las relaciones internacionales, además de los posibles reclamos ante organismos como la ONU o la Corte Penal Internacional.
Lecciones estratégicas y aprendizajes
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Gestión de crisis: La rapidez en la negociación y coordinación multilateral evitó un agravamiento humanitario y político.
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Visibilidad pública controlada: Un despliegue mediático bien manejado permitió reforzar la narrativa del “rescate” por parte de Caracas.
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Atención post-trauma: La prioridad en la asistencia médica y psicológica es crítica para la reintegración y rehabilitación de los repatriados.
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Prevención y compliance interna: La documentación de casos sin fundamento legal resalta la necesidad de políticas preventivas frente a deportaciones arbitrarias y prácticas de detención sin debido proceso.
Este episodio refleja los desafíos de un operativo estratégico multilaterales bajo alta presión política y humanitaria. Desde la perspectiva gerencial, se trata de un caso emblemático que articula diplomacia, logística, gestión de crisis y responsabilidad gubernamental en un entorno internacional cada vez más complejo.
Fuente: El País
